Las autoridades japonesas no llevaron a cabo ninguna ejecución de condenados a la pena capital en 2011 debido a la posición prudente de los ministros de Justicia que se sucedieron estos últimos meses, un hecho que no sucede desde 1992.

En los "corredores de la muerte" de Japón quedan 129 prisioneros, una cantidad en aumento de 18 personas desde fines de 2010, informó el periódico Yomiuri Shimbun.

Ninguno de estos condenados fue llevado al patíbulo este año y la probabilidad es nula ya que las ejecuciones no pueden cumplirse los días 29, 30 y 31 de diciembre y no había nada previsto para el 28 de diciembre.

Esta moratoria de hecho en las ejecuciones se debe únicamente a las decisiones de los ministros del Partido Demócrata de Japón (PDJ) que se sucedieron en la cartera de Justicia este año.

La ley precisa que un condenado a la pena capital debe ser ejecutado en los seis meses que siguen a la confirmación de la pena en última instancia, pero la decisión final recae en el ministro de Justicia que debe firmar la orden de muerte por horca.

Organismos internacional piden regularmente a Japón abolir la pena capital, pero una amplia mayoría de la opinión pública nipona está a favor por lo que los gobiernos se muestran reticentes a iniciar un proceso en ese sentido.

En 1992 terminó una interrupción de casi tres años en las ejecuciones debido a la opinión abolicionista de un ministro que entonces estaba al frente de Justicia. Desde esa época y hasta 2010 se llevó a cabo al menos una ejecución por año.